El
Consejo de Ministros del pasado viernes, 24 de enero, aprobó un Real Decreto de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas que se
publicó oficialmente en el Boletín Oficial del Estado del sábado, 25 de enero, y que contempla, entre otros extremos, la
creación de la nueva
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y, al tiempo, introduce modificaciones en la regulacion de los
cánones ferroviarios y la
financiación de Sasemar.
La nueva
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria se constituyé como
autoridad independiente responsable de la
seguridad ferroviaria, de acuerdo con la normativa comunitaria, y, en este sentido, según
informa el Ministerio de Fomento, actuará de manera
transparente y no
discriminatoria.
Entre sus
funciones se encuentran las de
ordenación,
inspección y
supervisión de
la
seguridad de todos los elementos del sistema ferroviario, tanto en
relación a las
infraestructuras, el
material rodante, el
personal
ferroviario, como a la
operación ferroviaria. Asimismo, llevará a cabo
las funciones relacionadas con la
interoperabilidad del sistema
ferroviario de competencia estatal, e, igualmente, le corresponderá el
otorgamiento,
suspensión y
revocación de licencias a las empresas
ferroviarias
Por lo que respecta a los
cánones ferroviarios, el Real Decreto determina que sea
ADIF la institución encargada de
fijar, modificar y actualizar las cuantías de los cánones ferroviarios que, tras ser informados por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y las empresas afectadas, se aprobarán en la Ley de Presupuestos.
En este mismo terreno del transporte ferroviario, dicho texto legal también encomienda al Consejo de Ministros la potestad de de aprobar próximamente, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro
de Fomento, el
Reglamento de Circulación Ferroviaria.
Por otra parte, la norma, cuya entrada en vigor estaba prevista al día siguiente de su publicación oficial, también
modifica la actual Tasa de Ayudas a la Navegación para que parte
de los ingresos generados por ella se destinen a cubrir los
costes de prestación del servicio de seguimiento y ayuda al tráfico
marítimo que realiza
Sasemar.
En este sentido, el Real Decreto indica que más de un 95 por ciento del total de los costes de Sasemar son sufragados por los
Presupuestos Generales del Estado, mientras que la comunidad marítima sólo
contribuye mínimamente a la financiación de la estructura y de las
operaciones de Sasemar, a pesar de que es su actividad la que determina
la necesidad de disponer de estos medios, y por ello se modifica la definición de «servicio de señalización marítima» ajustándola a la
situación real para ajustar la cuantía del servicio prestado a sus costes reales.
