La ministra de Fomento, Ana Pastor, presentó en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 4 de mayo, un informe para iniciar procesos de privatización en aeropuertos, ferrocarriles e infraestructuras, o como dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al consejo, para abordar "reformas estructurales" en dichos ámbitos, con el fin de "mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes".
El Gobierno estudiará el mencionado trabajo de Fomento y tomará, cuando las diversas opiniones dentro del seno del Ejecutivo logren ponerse de acuerdo, una decisión al respecto, pese a que durante la semana se había especulado con posibles medidas inminentes con respecto a AENA o con respecto a Renfe, Feve o ADIF.
Otros rumores también apuntan al posible establecimiento de peajes generales en las vías de alta capacidad de todo el país, ya que, como se especula, la implantación de la euroviñeta no se está estudiando.
En este sentido, Fomento trabaja en la elaboración de una serie de propuestas para la colaboración entre la iniciativa privada y el sector público cara a la financiación de infraestructuras viarias, como una pata más del flamante PITVI (Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda) que podría darse a conocer públicamente en un par de meses.
Con respecto a los peajes, en la Unión Europea la política de transportes hace hincapié en la internalización de los costes externos que genera cada modo de transporte. Así pues, la UE se ha mostrado muy favorable desde hace tiempo a la introducción de tasas que graven a los usuarios de las carreteras y que estén asociadas a los costes medioambientales y de congestión que genera el tráfico rodado. La imposición generalizada de peajes es una tendencia muy extendida en la Unión y que acabará llegando antes o después, para todos los vehículos o para algunas categorías específicas.
Con respecto a los aeropuertos, lo cierto es que el Gobierno de Mariano Rajoy paró en seco el proceso de liberalización de la gestión aeroportuaria que había iniciado el anterior Ejecutivo, con el fin de replantear el proceso y, según apuntan diversas fuentes, dar entrada a la gestión privada en AENA de modo global y no por aeropuertos o por paquetes de ellos.
Como parte del proceso reestructuración del sector público empresarial en el ámbito de Fomento, Aena absorbió el negocio de Aena Desarrollo Internacional, S.A. (ADISA) y de Centros Logísticos Aeroportuarios (CLASA).
Pastor ha afirmado en el Congreso de los Diputados que “la entrada de capital privado en Aena Aeropuertos se
llevará a cabo una vez que se haya puesto en valor la misma”, con lo que el reciente movimiento del Gobierno parece una manera de ganar tiempo en busca de condiciones de mercado más favorables.
Así mismo, en el ámbito ferroviario, también se han reestructurado las empresas que conforman Renfe, de tal modo que Irion Renfe Mercancías, S.A. y Multi Renfe Mercancías, S.A. han sido absorbidas por Contren Renfe Mercancías, S.A. E igualmente, todas las acciones de titularidad de Renfe Operadora y representativas del cien por cien del capital social de la Logística y Transporte Ferroviario, S.A. (LTF) se han incoroporado a Pecova, S.A.
Por lo que respecta a Feve, las especulaciones apuntan a una posible absorción de los ferrocarriles de vía estrecha en la actividad de Renfe o, como otra posibilidad, el traspaso de aquella empresa pública a las autonomías en que desarrolla su actividad. Asturias y Cantabria, principalmente.
Ante la posible privatización de alguna de las empresas públicas del sector ferroviario, Comisiones Obreras y UGT han hecho públicos sendos manifiestos en favor de "un ferrocarril público, seguro, viable, social y con garantías y derechos".
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