La Comisión Nacional de la Competencia ha emitido hoy, 8 de enero, su informe respecto del Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que fue a Consejo de Ministros el pasado 19 de octubre.
En este documento, el organismo regulador de la competencia en nuesto país estima que sería más aconsejable esperar a conocer el posible marco normativo comunitario que se está desarrollando encuanto al funcionamiento de la cadena alimentaria, para, posteriormente, adaptar las normas de la Unión a nuestro ordenamiento jurídico interno.
En este sentido, Competencia estima, con carácter general, que el contenido sustantivo de este Anteproyecto "debería ceñirse estrictamente a establecer aquellas obligaciones para los operadores de la cadena alimentaria que, de manera proporcionada, contribuyan a aumentar las posibilidades de acreditación documental de la verdadera voluntad de las partes contratantes al acordar el contenido de su relación comercial continuada."
En opinión de este organismo público, los desequilibrios o asimetrías entre las partes contratantes en este sector no constituyen anomalías o fallos del mercado sino que son una característica propia de este mercado, y, por tanto, "no resulta deseable constreñir este juego desde la intervención pública."
Competencia "considera que cualquier iniciativa destinada a disciplinar las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena agroalimentaria debería resultar compatible con la eficiencia dinámica, consustancial al buen funcionamiento del sector y, en general, de la economía."
Como consecuencia, la Comisión afirma que "el Anteproyecto generará inseguridad jurídica y una burocratización no necesaria y desproporcionada de las relaciones comerciales entre agentes de la cadena, en particular teniendo en cuenta los umbrales utilizados para delimitar el ámbito de aplicación de las obligaciones que se imponen a las partes de la relación y el régimen administrativo sancionador al que se someten determinadas prácticas comerciales."
Igualmente, Competencia cree que se tipifican como infracción administrativa determinadas prácticas comerciales que, sin embargo, resultan "eficientes y fomentan el dinamismo a lo largo de la cadena de producción", y que tanto el sistema de infracciones administrativas como el régimen sancionador propuesto "genera un elevado riesgo de ruptura de la unidad de mercado".
Finalmente, el organismo regulador de la competencia afirma que"las prácticas comerciales abusivas o desleales surgidas del desequilibrio en la relación comercial ya están prohibidas en el ordenamiento vigente, y existen instrumentos jurídicos menos restrictivos de la libertad contractual que el previsto en el Anteproyecto para expulsar de la cadena alimentaria tales conductas."
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