Esta norma recoge las obligaciones de Correos en relación con el voto por correo
de electores residentes en España, de electores residentes ausentes y
de electores temporalmente ausentes, del personal embarcado, del
personal de las Fuerzas Armadas embarcado o en situaciones excepcionales
vinculadas con la defensa nacional, del personal interno en centros
penitenciarios, con los envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral, con
la recogida de la documentación electoral en las mesas y a los envíos
postales de propaganda electoral que realicen las candidaturas, y, al tiempo, establece las condiciones concretas para la prestación de dichos servicios, con un coste estimado total de 6,6 millones de euros.
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