La Sección I de la Audiencia Provincial de Zaragoza estima, según informó ayer, 16 de diciembre, el Consejo General del Poder Judicial en nota de prensa, que Ricardo García Becerril y Carlos Escó Samperiz, "deben ser considerados funcionarios públicos", pese a los recursos presentados por ambos contra la resolución del magistrado instructor del juzgado de Instrucción
número 1 de Zaragoza, en la que acordaba continuar el procedimiento por los
trámites de la Ley de Jurado, "porque, la Plataforma
Logística de Zaragoza PLAZA SA es una sociedad pública autonómica,
constituida en un principio con capital íntegramente público, en el que
luego entran entidades como CAI e IBERCAJA con porcentaje minoritario,
entidades que también estaban controladas por la Administración Pública;
porque dicha sociedad ejerce funciones de carácter público o de interés
público; y porque los nombramientos de los imputados, se realizan,
directa o indirectamente, por la Administración Pública."
Así mismo, y en relación con la solicitud de sobreseimiento y archivo de las actuaciones realizada por Carlos Escó, la Sala estima que “tal resolución es prematura, dada la fase del
procedimiento en que nos encontramos, y como indica el Juez Instructor
hay indicios de los que se podría deducir su participación en el delito
de malversación y en el delito de cohecho que se le imputan”.
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