El Acuerdo de investidura firmado ayer, 28 de agosto, entre PP y Ciudadanos y que lleva por título 150 medidas para mejorar España incluye, entre sus propuestas, y dentro del ámbito de la logística, la de impulsar un Pacto Nacional por las Infraestructuras Estratégicas, para que, como se cita textualmente, "la política de infraestructuras se guíe por criterios técnicos objetivos y no por intereses políticos".
Para ello, "se potenciará la Oficina Nacional de Evaluación, que establecerá las inversiones prioritarias en los nuevos Planes de Infraestructuras en función de su rentabilidad social, económica, financiera y sus efectos sobre la cohesión social, atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, evaluación continua y transparencia". En este sentido, el acuerdo insiste en que "las grandes infraestructuras y proyectos de inversión deberán ser ratificados antes de su licitación por comisiones técnicas independientes y libres de injerencias políticas".
Entre los proyectos que se pretenden impulsar se citan específicamente el Corredor Mediterráneo, el Corredor Atlántico, el AVE a Galicia, la Variante de Pajares entre León y Asturias con el fin de garantizar su puesta en funcionamiento en el año 2017 y el fomento "del transporte de ferroviario de mercancías, esencial para la estrategia logística de España".
Además, el pacto también propone separar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en dos nuevas instituciones. Por un lado, la Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia asumiría las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios, mientras que, por otro, la Autoridad Independiente de los Mercados tendría funciones de resolución de conflictos entre operadores económicos y de supervisión y control en el sector energético, de telecomunicaciones y audiovisual, transportes, servicios postales y el juego.
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