El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Economía Sostenible, una serie de medidas con la que el Ejecutivo pretende "impulsar la recuperación de la economía española por una senda de crecimiento equilibrado y generador de empleo" y que afectan a múltiples aspectos económicos entre los que se incluyen el mercado laboral, el fraude fiscal, la mediación y el arbitraje y la ciencia.
El proyecto se complementa con dos Fondos, operativos desde el 1 de enero de este año. Por un lado se encuentra el Fondo para la Economía Sostenible, dotado con veinte mil millones de euros hasta 2011, gestionado por el ICO y cofinanciado al 50 por 100 por las entidades financieras, que se destina a la financiación de proyectos de inversión por parte del sector privado en los sectores y actividades prioritarios para la sostenibilidad. Por otra parte, el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con cinco mil millones de euros para el desarrollo de parques científicos y tecnológicos, el despliegue y acceso a las redes de telecomunicaciones de nueva generación, proyectos de ahorro y eficiencia energética, de desarrollo de energías renovables; de movilidad urbana sostenible, o de centros de servicios sociales y sanitarios, a cargo de los ayuntamientos.
Por lo que respecta al transporte, el proyecto de Ley de Economía Sostenible promueve una mejora en sus competitividad, así como una transformación que le permita ganar eficiencia económica y medioambiental.
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