El Gobierno lanza una nueva reforma de la LOTT y el traspaso de la inspección a las autonomías

El Consejo de Ministros del pasado 7 de diciembre aprobó dar comienzo al trámite parlamentario de una nueva reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, con la que el Ejecutivo persigue los objetivos de "mejorar la competitividad y eficiencia empresarial en el sector, y lograr una optimización de los servicios públicos del transporte de viajeros por carretera."

En primer lugar, el proyecto de reforma de la LOTT propone que se pueda realizar todo tipo de actividades relacionadas con el transporte con una única autorización, lo que otorgaría mayor flexibilidad a las empresas del sector, gracias a la realización de todos los trámites a través de internet.

Así mismo, la norma que propone el Gobierno también alterará el actual régimen sancionador de la LOTT, con el fin de armonizarlo con el marco comunitario. Entre los cambios que se introducirán en este sentido destaca la obligatoriedad de que sólo quien tenga autorización de transporte puede contratar y facturar en su nombre.

La reforma de la LOTT también quiere extender la competencia de las juntas arbitrales para la resolución de conflictos como alternativa eficaz a la acción judicial. Igualmente, la nueva norma también podría incluir la posibilidad para el transportista  de reclamar, en caso de impago,tanto a la agencia de intermediación como al cargador, así como nuevas excepciones de responsabilidad para los transportistas por daños y otras incidencias en el servicio.

En paralelo, el Ejecutivo también ha acordado remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica de 30 de julio de 1987, sobre Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en materia de Transportes por Carretera y por Cable, con la intención de que las las comunidades autónomas puedan inspeccionar y sancionar, por delegación del Estado, los servicios de transporte por carretera y por cable, tanto en los centros de trabajo que las empresas tengan en sus respectivos territorios, como en los vehículos que circulen por los mismos.

En todo caso, el Estado se reservaría la inspección y el control fronterizo de los transportes internacionales, las funciones de vigilancia de la Guardia Civil, así como la posibilidad de realizar otras inspecciones que considere necesarias.