El Consejo de Ministros del pasado viernes, 8 de febrero, aprobó remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuyo objetivos son, según el Ejecutivo, aumentar la eficacia y
competitividad del sector agroalimentario español y reducir el
desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes
operadores de la cadena de valor en el marco de una
competencia justa.
El proyecto se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las
relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria, crea el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria y establece la obligación de formalizar por escrito los contratos dependiendo del importe y de la situación de desequilibrio entre los actores de la cadena, así como un mecanismo de control administrativo con un catálogo de infracciones y sanciones.
La Comisión Nacional de la Competencia analizó este proyecto y emitió un informe al respecto en enero.
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