El Gobierno quiere facilitar la entrada de empresas en el mercado postal. Por ello, el Consejo de Ministros del pasado viernes, 5 de febrero, aprobó un Real Decreto que modifica el Reglamento que desarrolla la Ley de Servicio Postal Universal.
El objetivo de este cambio legal es adaptar la prestación de servicios postales a la liberalización de servicios que trae consigto la Ley Ómnibus. Este Real Decreto supone la eliminación de algunos trámites administrativos esenciales para la prestación del servicio postal.
Los operadores que deseen prestar servicios postales, no incluidos en el ámbito del servicio postal universal, podrán comenzar sus actividades desde el mismo momento en que lo comuniquen. Hasta ahora existía un plazo máximo de tres meses para obtener la autorización y así poder prestar los servicios.
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